Hay verdades que solo se comprenden en el mismísimo lugar donde se obran. Hay que llegarse al surco, ante la insatisfacción siempre creciente por una libra de boniatos a 60 pesos, la ristra de ajos que supera los 2 000, y una mano de plátanos, así sea burro, entre los 250 y 300 pesos.
¿Por qué quienes vivimos en una provincia privilegiada por sus tierras, no disfrutamos el gustazo de que la producción de alimentos genere precios más bajos, comparados con otros territorios citadinos y menos productivos?
Quizás lo asimilo como el colmo de los colmos. Alquizareños de la tierra más cultivada de la provincia, compran en Artemisa ajo y papa importados; pobladores de Güira de Melena o de San Antonio de los Baños, cargan boniatos o plátanos de una feria provincial, de Caimito y Guanajay, van en tren a La Habana, a buscar viandas, al ser más baratas en la capital de todos los cubanos.
Claro, encontrar respuestas ante esos desatinos suele ser difícil, pero al intercambiar con quienes andan con la ropa manchada y la camisa sudada, contamos con pistas. Ellos en su mayoría, no son ni un número entre los trabajadores del país, por su condición de fuerza de trabajo ilegal.
¿Sabías que, del total de los ocupados informalmente en Cuba en una veintena de actividades, el 24,4 % corresponde a contratados eventual o permanentemente en la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, según la Oficina Nacional de Estadística e Información?
Uno, entre ese gran porciento se nombra José Antonio Martínez, Cheo como le conocen en Güira. Jornalero de pura cepa que vino de Holguín hace 31 años y se asentó en esas fértiles tierras, cuenta.
“Lo del ajo lo cobramos como a 3 mil pesos la jornada para cada uno. Envasamos en sacos unas seis carretas y los trasladamos para una rastra. En el escarde de boniato cobro 200 pesos el surco y guataqueo más de cinco en par de horas”, dice y sonríe.
Enseguida Yudelkis Rodríguez Cabrera, un jovencito de 34 años de edad, quien con 15 años salió de Santiago de Cuba a trabajar en este, uno de los cuatro polos productivos de la provincia, se acerca como quien dice, “pregúntame”.
“Somos del barrio La Cuchara, lejos del centro de Güira. Formé mi brigada y los dueños de fincas me llaman para limpiar tomate, sembrar boniato, deshojar plátano, cosechar malanga, plantar yuca…
“Trabajar y cobrar diario es lo importante. Aquí o en Batabanó y Güines, Mayabeque” asiente, y lo reitera Osmany Riverón Fabre, de Guantánamo, también de la brigada.
“Nos gusta cobrar en efectivo. ¿Tarjeta para qué?”, dice Yudelkis quien cogió la seña de todos. “No hay ni cajero automático para extraer el dinero. Ir al banco cuesta no menos de 500 pesos, y solo te dan mil por persona. Además, los negocios no aceptan transferencia, sí billetes”, añade.
Hoy en el surco, ¿y mañana?
Cheo no sabe de tarjeta magnética ni piensa en el futuro. No le ocupa la seguridad social, menos jubilarse. “Trabajo, «por la izquierda». Lo mío es tener qué comer hoy”.
Me pregunto para mis adentros, ¿Y ante un accidente con una guataca o una enfermedad, de las comunes que lo lleve días a la cama? Cuando sea más viejito, ¿cómo subsistirá? ¿qué ley lo respalda? Ninguna, no lo respondió él: es lógica.
Aunque me resista a creerlo, la inestabilidad puede ser una coraza. Está lejos de donde se gesta la documentación, es decir la legalidad, y cumplir con eso no solo le ocuparía tiempo, sino paciencia para poder realizar el trámite.
Entretanto, no tributan al Estado ni el más mínimo porciento, perciben un ingreso neto mayor. Ignoran, o quieren ignorar, que existen leyes que son protectoras del futuro.
A criterio de Norberto González Pedraza, delegado de la Agricultura en Artemisa, “al no responsabilizarse desde el presente, ellos mismos condenan el mañana, creando un problema que caerá sobre los fondos de la asistencia social del Estado, en un futuro no muy lejano”, confirma.
“Son unas 20 brigadas de este tipo en el territorio, con no menos de diez trabajadores cada una. Pero, cuántos son en verdad, dónde o con quién laboran, no está claro. Un trámite legal, se complica al no tener documentación de identidad en la mayoría de los casos, ni asentamiento estable”, insiste.
De las estadísticas para transformar esa verdad, quisimos indagar con la dirección de Trabajo y Seguridad Social, pero lo números aportados por Eva María Contino Hernández, la directora, siguen siendo muy escurridizos tanto, como las valoraciones. ¿Solo cuatro gestores de fuerza de trabajo ilegal y unos 908 obreros?
En la Oficina Nacional de Atención Tributaria de la provincia constan solo unas 200 personas como jornaleras, otro descrédito a la verdad de nuestros campos.
“Debíamos acabar de ordenarlo. ¡Sin ellos no avanzamos!”, confiesa Willian Ernesto González, propietario de la finca La Rosa, en Artemisa. El trasiego de obreros eventuales de un cultivo a otro, marca el pulso de siembras y cosechas.
Y cierto, un riquimbili, por un costo de 5 mil pesos trasladaba esa mañana a una brigada alquízareña, pues, la cosecha de boniatos en Artemisa precisaba de esas manos.
La Ley y la verdad
Indisputablemente, son una fuerza itinerante con tendencia en los municipios o zonas más productivos, sobre todo, en siembras y picos de cosecha.
En 2021 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con el de la Agricultura, aprobó la Resolución 80, que reconoce al gestor de fuerza de trabajo, quien contrata obreros para prestar servicios a productores, con el fin de registrar y beneficiar a los vinculados al empleo.
También se aprobó el Decreto Ley 80, de 2024, relacionado con el sector agropecuario y forestal, para quienes no son poseedores de tierras, pero sí contratados en labores de forma eventual o permanente, y vinculados directamente a la producción agropecuaria de forma habitual.
A tono con ello, Yaisel Sánchez, asociado a una cooperativa de créditos y servicios en Güira, se sincera. “Me urge contratar brigadas eventuales. Debo pagar diario de 20 mil a 30 mil pesos. Ellos se lo reparten, según su aporte.
“¿Cómo sostener las producciones agrícolas? Acopio, por ejemplo, nos debe más de 5 millones de pesos, por solo citar las últimas cosechas que vendieron y quizás cobraron. Si el banco no puede darnos el efectivo, cómo pago”.
En voz de güireños y de presidentes de cooperativas del municipio de Artemisa, conocimos de negocios cambiando en billetes, el dinero depositado en tarjetas magnéticas. Cobran hasta el 20 % de interés. Otra ilegalidad sin fin.
Ante esa certeza, Ricardo Concepción Rodríguez, el gobernador, nos ofrece una primicia: “por la complejidad con el pago para sostener la fuerza de trabajo en el surco, se proyecta que las sucursales bancarias entreguen a los campesinos el 50% del dinero en efectivo, y el otro valor sí irá a tarjetas, experiencia que iniciará por Güira, como una medida atemperada a reclamos agrarios.
No obstante, a un mes de la decisión no se ha beneficiado al primer campesino. ¿Por qué? explica el gobernador, que los bancos no están preparados, a pesar de la voluntad del país de apoyar a los que siembran alimentos.
Poner más los pies en la tierra es una manera de ubicar en misma balanza del diarismo del surco, las leyes en torno a él. Cada quien piensa como vive, y la fuerza de trabajo ilegal, es una fuerza, en la magnitud de la palabra, valiendo cualquier redundancia, sus insatisfacciones también deben ocupar un lugar, si no los altos precios de cada jornalero, lo seguiremos pagando en la mesa de todos.
