Jorge Luis Cobas Vidal, director provincial de Acueducto y Alcantarillado, explicó que muchas comunidades separadas de las cabeceras municipales recibían el agua a través del sistema de la agricultura y no de los acueductos. Eso cambió, y quedaron desprovistos algunos asentamientos.
“Llegábamos a esas pequeñas poblaciones con carros cisternas, pero la escasez de combustible puso freno a esta alternativa. Entretanto, las personas buscan soluciones propias: construyen pozos, usan bombas manuales o apelan a los antiguos aljibes para recolectar agua de lluvia”.
La provincia instaló 42 sistemas fotovoltaicos, distribuidos en los 11 municipios, para sustituir bombeos inferiores a los 10 kW. Es una variante loable frente a los cortes al sistema eléctrico, que afectan durante más horas a estas zonas apartadas, carentes en su entorno de hospitales o industrias, precisó.
“Asimismo, avanzamos en un levantamiento para evaluar aquellas comunidades a donde, con un gasto menor de recursos, se puede llevar agua por gravedad, quizás a Florencio Morejón, Fierro, una parte del casco urbano de Bahía Honda y San Cristóbal, Caimito y Playa Baracoa.
“La experiencia ha sido comprobada en Las Terrazas: zonas que no recibían agua por las vías tradicionales han vuelto a acceder al líquido las 24 horas del día. Se trata de soluciones factibles que perduran en el tiempo”.
La situación es crítica y pudiera mantenerse en tanto permanezca sobre nosotros el cerco impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos que, además, pone pausa a las labores de la UEB Taller Nacional de Bombas San José de las Lajas.
En tierra lejana
A simple vista, Pijirigua parece un punto diminuto donde hay apenas una calle principal, algunos terraplenes y casas de paredes desconchadas. Pero quienes lo visitan saben que allí ocurre algo más profundo que la propia pobreza: el olvido sistemático, el que duele, porque es evitable.
Situado en una zona rural de difícil acceso, desde hace más de dos años el poblado carece de transporte público, y la carretera es intransitable.
Los pocos vecinos que pueden movilizarse lo hacen en motos eléctricas o bicitaxis, cuyos precios resultan prohibitivos para la mayoría: un recorrido hasta la zona céntrica del municipio cabecera puede costar hasta 600 pesos.
Félix Mena Ramos, de 72 años, tiene dos hijos, pero sus gastos son independientes. Resume la situación con crudeza. “Soy un jubilado que tiene que chapear patios y hacer guardias de noche para sobrevivir”.
Según denuncia, han estado casi 48 horas sin servicio eléctrico. Cuando lo ponen, dura una hora. El pozo de agua pudiera prestar servicios, pero tiene problemas con el voltaje, por la falta de energía eléctrica estable: el motor se dispara a los pocos minutos de encenderlo.
“Y cuando llega el pan, ya no hay manera de poder comerlo. Algunas semanas entra dos veces, otras hemos estado hasta siete días sin que aparezca. Los niños se desesperan. Aquí no entran pregoneros, vendedores de pan, de viandas, nada. Encima, no hay apoyo por parte de ninguna autoridad”, afirma quien ha vivido en Pijirigua durante toda su vida.
En medio de este panorama, la voz de un joven de 24 años se alza con un tono que estremece. Pide anonimato y habla sin tapujos. “Me siento desesperanzado completamente. No hay futuro aquí. No hay trabajo, no hay estudio; no hay manera de salir, porque el transporte es pésimo”.
Observa a los mayores y teme replicar su destino. Lamenta también la incomunicación: “ni siquiera hay cobertura de telefonía móvil. Estamos aislados”.
En Pijirigua la gente envejece con la facilidad de quien se cambia de ropa o bebe un vaso de agua. No es una metáfora: la falta de perspectivas acelera el desgaste humano.
Allí hay una cafetería que no presta servicio y un quiosco contenedor —de los que funcionaban en CUC— que apenas vende productos de un negocio particular. La farmacia está desabastecida, no hay consultorio médico funcional ni transporte sanitario; si alguien enferma de gravedad, la única opción es esperar caridad o pagar un precio exorbitante por algún medio de transporte.
El jubilado reprocha el abandono hacia personas vulnerables. Mencionó el caso de Armando Acosta, un vecino en situación compleja, encamado, sin apoyo gubernamental. Y aludió a los meses sin recibir la canasta familiar normada.
Soluciones, perspectivas, realidades
Como en cada caso existe una carencia esencial en común, el transporte, convocamos a Jhoan Hernández Pérez, director de la Empresa Provincial de Transporte Artemisa (Artra), a responder sobre soluciones, pers-pectivas o posibilidades.
“Con respecto a los asentamientos, en este momento no tenemos respuestas —afirma con total franqueza. Trabajamos con márgenes de combustible muy limitados, de manera que la prioridad consiste en la transportación de los médicos.
“Hoy la empresa cubre tres recorridos esenciales a diario: uno de Bahía Honda a Mariel, Guanajay y Artemisa; otro desde López Peña hasta San Antonio de los Baños; y uno más desde Santa Cruz hasta Mariel.
“¿Qué estamos haciendo? Recurrimos a la contratación con un tercero, que pone el combustible, a un precio por ficha de costo según la tasa flotante en el país. Como prueba piloto lo empleamos en las rutas de más movilidad; primero, en busca de hacerle competencia al sector privado.
“Llevar esta modalidad a los asentamientos enfrenta ciertos inconvenientes. Por lo general, la idea a primera hora se basa en trasladar personas hacia la cabecera provincial antes de las 8:00 de la mañana, para que quien está en un lugar distante, como Corojal, Lincoln, Pijirigua o La Quebrada, puede llegar temprano para estudiar, trabajar, asistir a un turno médico o realizar gestiones personales.
“Pero en esos primeros viajes, a la hora de la salida desde Artemisa hacia esos asentamientos, los ómnibus suelen viajar vacíos. Y sucede igual en la tarde; después de devolver a las personas a sus casas, regresan vacíos.
“Eso eleva la ficha de costo, porque incluye ambos viajes, y buscamos el precio más asequible. No obstante, el combustible lo importa un tercero, e implica costos por cada operación, además de un margen de 30% de utilidad y el 10% de impuesto, cuanto lleva la ficha según la ley.
“¿Qué ocurre con Lincoln, Mangas y Pijirigua? Cuando la universidad está activa, la movilidad de esa ruta es alta tanto en la ida como al regreso. Esa recaudación permite manejar los precios.
“Como ahora no hay traslados hacia la universidad, la movilidad desciende, y los costos serían elevados: deseamos que se mantenga sobre los 100 pesos sin llegar a 200.
“De todas maneras, vamos a satisfacer algunos asentamientos con los ferrobuses: el que cubre la ruta desde Artemisa hasta Los Palacios, y el nuevo que queremos llevar desde Artemisa hasta El Gabriel, en Güira de Melena. Ya con estos dos habría cierta satisfacción, aunque no suficiente”.
Esas son las realidades y las perspectivas. De cualquier manera, delegados, asambleas municipales e intendentes habrán de apelar a los centros laborales y cooperativas ubicadas en esos sitios, a cuentapropistas, bicitaxis o triciclos estatales que puedan moverse hacia esas rutas quizás un par de veces por semana.
Siempre existirán alternativas en lugar de resignación o abandono. Esa es la verdadera resistencia creativa, cuando todavía para muchos la ciudad queda al cantío… de un triciclo, o la buena voluntad de alguien más.
POR JOEL MAYOR, GISELLE VICHOT, YEMMI VALDÉS Y SAYLIS MENA
