Concluyó el proceso de depuración de responsabilidades de los participantes en los hechos del 11 de julio: la mayoría fue multada, con cifras de 200 a 5 000 pesos, teniendo en cuenta situaciones personales, como ser padres de familia o estudiantes, y el resto está en espera del proceso penal.
Así lo aseguró Rafael Soler López, fiscal provincial, quien refirió haber considerado la conducta social cotidiana, vínculos laborales o estudiantiles, antecedentes penales e incluso la influencia familiar y otros factores.
“La Ley establece que se podía llegar a 10 000 pesos, según la gravedad y consecuencias del actuar, pero en la provincia solo una ascendió a 7 000 pesos”, reveló.
“Quienes esperan juicio fueron agresivos, convocaron y agitaron a manifestarse, causaron daños a personal del Orden Público o a artemiseños que protegían bienes del Estado; de ahí que haya procesos penales en Guanajay, Bauta, Artemisa, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Alquízar y San Cristóbal.
“En fotos y videos aportados por el pueblo, se depuró la participación de los ciudadanos en cada acto: quienes se lanzaron contra el camión de la policía en Artemisa, los capaces de alentar a destruir instituciones estatales y a vulnerar la protección de estas, y quienes con ofensas provocaron desorden público”.
La mayoría de los artemiseños en proceso penal son hombres, jóvenes y desvinculados, casi todos con antecedentes de robo con fuerza, lesiones y desorden público. Muchos han declarado como motivaciones la recarga de móviles, afectaciones eléctricas y escasez de medicinas y alimentos, señaló el fiscal.
“La provincia ha tenido como diez nombres en las famosas listas de desaparecidos. Pero se ha desmentido. Aseguramos que cada acusado tenga su abogado, más el acceso a pruebas y garantías exigidas para la defensa.
“Hemos atendido a unos 40 artemiseños con dudas en las medidas adoptadas, y hubo hasta cambios de estas tras las pruebas de actuación. No hay nadie detenido por pensar diferente ni por gritar consigna alguna, ni estigmatizado legalmente por participar en las manifestaciones.
“Serán públicos todos los procesos penales, previstos para finales de agosto y septiembre, pero con medidas por la COVID-19. La fecha depende de la complejidad del proceso, la intervención de los abogados que solicitan prácticas de pruebas, declaraciones de testigos y otros elementos en función de aclarar los hechos”, declaró.
