Recientemente una de nuestros lectores contactó con nosotros a través de Messenger. A Bárbara Lien Iría Galarza le preocupaba seriamente la situación de los estudiantes, entre ellos su hija, que cursaban el Técnico en Derecho en la institución educativa Ceiba 6, a quienes no se les había dado información sobre sus prácticas profesionales, que debían iniciar en abril.
Siendo así, a la redacción de el artemiseño le bastó, como pocas veces sucede, con solo contactar con la comunicadora institucional de la Dirección Provincial de Educación. Rápidamente la madre preocupada obtuvo la solución a su inquietud, directamente en la voz de la jefa de la Enseñanza Técnica Profesional en la provincia y quedó satisfecha con la repuesta ofrecida, seguramente como el resto de los padres que tenían la misma preocupación.
En la era de la inmediatez, lo sucedido demuestra que la gestión de la información no depende siempre de grandes plataformas, sino de la voluntad de tender puentes. Este caso invita a reflexionar sobre el espíritu de la novedosa Ley 162 de Comunicación Social en Cuba, la cual propone un salto cualitativo en la manera en que las instituciones se relacionan con la ciudadanía.
Dicha ley no se limita a lo mediático, sino que exige estructurar la comunicación organizacional para que sea transparente y eficaz, entendiéndola como un pilar de la gestión de gobierno.
No obstante, esta rápida solución de la que hemos sido testigos, nos obliga a dilucidar sobre un escenario tan complejo como amplio.
Generalmente, las personas ignoran cómo llegar y acceder a información fidedigna. En un contexto donde el uso de las TIC dota a cualquier ciudadano con un teléfono móvil, de la capacidad de generar contenido y viralizar una queja, el silencio administrativo es el peor enemigo.
Aunque existen avances significativos en la transformación digital del país, con plataformas como Soberanía para la gestión de trámites o el desarrollo de ecosistemas de pago como Transfermóvil, la realidad es que aparejado a las limitaciones de conectividad está, –mucho más preocupante– las carencias cognitivas que alejan al individuo de hacer un uso responsable de la tecnología, lo cual profundiza aún más las brechas digitales.
Muchas veces, también, quienes deben velar por mantener activos los canales de comunicación, olvidan que justamente en esta era, cualquier brecha que dejemos será siempre utilizada para avivar molestias. Y no se trata solo de publicar una nota en un muro de Facebook. Se trata de gestionar estratégicamente la comunicación, para cerrar espacios a la desinformación y a la incertidumbre, tal como lo propone la novedosa normativa cubana, en su afán de articular un sistema que integre los ámbitos mediático, organizacional y comunitario.
La labor de la comunicadora de Educación sirvió esta vez de ejemplo, de cuánto pueden hacer quienes tienen la misión de informar. Su gestión demuestra que, incluso en medio de las dificultades tecnológicas o de infraestructura, la comunicación es, ante todo, un acto de sensibilidad y respeto hacia el público.
En un entorno mediático complejo y polarizado, el acceso a una fuente oficial y veraz no es solo un servicio, es un derecho que consolida la credibilidad institucional.
Muchas inquietudes en estas páginas no tuvieron jamás una respuesta atinada. Hubo, incluso hay, comunicadores y directivos que hacen oídos sordos a la voz del pueblo. En 2025, 50 quejas o inquietudes que llegaron a la redacción del periódico provincial, solo 36 fueron debidamente tramitadas a través de los organismos involucrados.
A esos actores les urge comprender que el actual ecosistema digital no perdona la indiferencia. Por su parte, a el artemiseño, le complace servir siempre de interlocutor y seguir apostando por un periodismo que, desde lo local, acompañe y fiscalice el camino hacia una comunicación social más democrática y efectiva.
