Cuba rechaza la decisión anunciada por el Presidente de Estados Unidos de usar la Base Naval en Guantánamo para encarcelar a decenas de miles de migrantes que se ha propuesto expulsar forzosamente. Es una demostración de la brutalidad con que ese gobierno está actuando para supuestamente corregir problemas creados por las condiciones económicas y sociales de ese país, la propia gestión gubernamental y su política exterior, incluyendo la hostilidad hacia países de origen.
Muchas de las personas que Estados Unidos está expulsando o se propone expulsar son víctimas de las propias políticas expoliadoras de ese gobierno y cubren necesidades de mano de obra que históricamente ha tenido la agricultura, construcción, industria, los servicios y diversos sectores de la economía estadounidense. Otros son resultado de facilidades en la frontera para entrar al país, de normas selectivas, políticamente motivadas, que los acogen como refugiados y, también, del daño socioeconómico que provocan las medidas coercitivas unilaterales.
Una parte importante contribuye y ha contribuido a la economía de ese país. Tienen empleo, cuentan con hogares, han creado familia y han proyectado sus respectivas vidas en Estados Unidos.
El territorio donde se propone encerrarlos no pertenece a Estados Unidos. Es una porción del territorio de Cuba en la oriental provincia de Guantánamo, que permanece militarmente ocupada de modo ilegal y contra la voluntad de la nación cubana. Esa instalación militar se identifica a nivel internacional, entre otros motivos, por albergar allí un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de las cortes estadounidenses, donde han permanecido hasta 20 años personas nunca procesadas judicialmente, ni condenadas de ningún delito.
Su empleo irresponsable generaría un escenario de riesgo e inseguridad en ese enclave ilegal y su entorno; amenazaría la paz y se prestaría para errores, accidentes y malas interpretaciones que podrían alterar la estabilidad y provocar serias consecuencias.
La Habana, 29 de enero de 2025
(Cubaminrex)
