Habrá que estimar, en algún momento, la enorme inversión social del presupuesto del Estado para hacerle frente a la COVID-19, que por más ceros a su derecha no deja de ser insuficiente en comparación con las vidas arrebatadas a causa de la pandemia.
Cuando entendimos en toda su dimensión los riesgos del virus, protegernos fue la primera opción, y muchas personas optaron por permanecer en casa en nombre del amor a sus abuelos y padres ancianos, hijos pequeños y al amor propio.
Sostener la legítima defensa demandó un esfuerzo monetario adicional a lo que ya se destinaba al sector de la Salud Pública, la Seguridad Social y otras conquistas.
Al cierre de agosto Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, informaba la utilización de 900 millones de pesos por ese concepto, cifra que se abulta con cada nuevo evento de transmisión local, indisciplina o descuido en siete meses.
Alimentos, combustible, provisiones, sustancias desinfectantes, prestaciones monetarias temporales a trabajadores por cuenta propia obligados a detener sus actividades…, salen de las arcas públicas en función de la salvaguarda colectiva, sin que a muchos preocupe demasiado.
Más de 1 200 personas se encuentran aisladas en la actualidad, mientras reciben el 100 por ciento del salario, y 965 madres con niños en la enseñanza primaria y escuelas especiales han sido beneficiadas, a partir del segundo mes, con el 60%, reveló a este semanario Yudit Quintero González, jefa del departamento de Empleo y Capacitación de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Permanecen interruptos 1 775 trabajadores, todos con sus consiguientes garantías salariales; a casi 500 adultos mayores de 60 años se les ha respetado la mayoría de sus ingresos, al igual que a 432 personas vulnerables al SARS-CoV-2, debido a enfermedades crónicas.
Los números continúan, si tomamos en cuenta 264 nuevos comensales en el Sistema de Atención a la Familia, necesitados de un trato cercano, más asistenciados, así como una mayor visibilidad de carencias, abandonos y fragilidades mostradas por el nuevo coronavirus.
Artemisa forma parte de esa realidad, con unos 12 millones de pesos erogados en centros de aislamiento, creación de nuevas capacidades e insumos de protección del personal sanitario y la población en general, señaló Ania Figueredo Rodríguez, directora de Finanzas y Precios de la provincia, sin contar el costo humano de zonas en cuarentena, pesquisas activas y labores de saneamiento, entre otras tareas.
La lógica llama a calcular, pero sin dudas vale el esfuerzo en quienes se curan o jamás contraen la enfermedad, en quienes honran cada centavo con su conducta ejemplar y sistemática, en quienes rechazan el saldo de la desobediencia en el andar cotidiano de nuestro país.
