Aunque no es lo más común, a veces me sorprende la claridad con la que mi hija de ocho años desarma los argumentos. A su edad, llega a conclusiones que a mí me habría tomado años entender o que, sencillamente, en la Cuba de mi infancia no se me permitiría cuestionar. Ella no vive la misma niñez que viví yo; habita un mundo más interconectado, más consciente y por ende, su capacidad de análisis nos desafía constantemente a nosotros, sus padres.
Esa sorpresa que sentimos ante el razonamiento de nuestros hijos es, precisamente, la razón de una novedosa normativa cubana.
La aprobación del nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba no es solo un ajuste legislativo, representa un cambio de paradigma social. Durante décadas, la visión tradicional tendió a ver a los menores de edad como objetos de cuidado, seres pasivos que debían esperar a la mayoría de edad para tener una voz vinculante. Hoy, ese concepto queda relegado para dar paso a la autonomía progresiva, como un concepto revolucionario.
Este principio, eje central de la nueva normativa, reconoce una realidad humana innegable: los niños, niñas y adolescentes no “despiertan” a la madurez el día de su cumpleaños 18. Su capacidad para comprender, reflexionar y decidir es un proceso gradual. El Código cubano, al reconocer esto, permite que, a medida que crecen psicológica y cognitivamente, la tutela adulta evolucione de una dirección rígida hacia una guía orientadora, que respete el espacio que el menor ha conquistado con su propio raciocinio.
Asimismo, esta ley destaca a nivel internacional no solo por su intención poética, sino por su rigor práctico. En su artículo 34 establece un procedimiento pionero para evaluar esta capacidad, en entornos judiciales o administrativos. No se deja al azar ni a la subjetividad; se exige una escucha activa en entornos protectores y evaluaciones multidisciplinarias que analizan desde el control emocional, hasta las posibles influencias externas.
Es, además, una autonomía dinámica. La ley entiende que un adolescente puede no estar listo hoy para una decisión compleja, pero sí mañana, al reconocer que el desarrollo humano no es estático. Este enfoque sitúa a Cuba en la vanguardia legislativa mundial y alinea a la Mayor de Las Antillas con las convenciones más avanzadas de protección a la infancia.
A decir de Yulieski Amador Echavarría, Máster en Derecho Constitucional, «no se trata de una norma más, sino de una herramienta viva que orienta a las familias, instituciones y a la sociedad en general para crear entornos seguros, inclusivos y participativos, donde las nuevas generaciones puedan crecer con oportunidades reales, respeto y acompañamiento».
Su correcta aplicación –añade el especialista artemiseño– permite prevenir vulneraciones, fortalecer la responsabilidad familiar y social, y asegura que cada decisión que les afecte tenga como centro su bienestar y futuro.
Por eso, su éxito no dependerá solo de los tribunales o de las instituciones. El verdadero reto reside en la comunidad. Acompañar la implementación de esta norma, como bien reconoce Unicef Cuba, significa aprender a escuchar de otra manera. Significa entender que proteger a un niño no es silenciarlo, sino darle las herramientas para que su participación sea real, segura y respetada.
No es casualidad que la entrada en vigor de esta novedosa normativa haya llegado justo el pasado 28 de enero, fecha en que el mundo celebraba el 173 aniversario del natalicio del Apóstol. Y ya lo dijo el Maestro, para ellos trabajamos.
Cuba apuesta por la dignidad, reconoce la autonomía progresiva y no solo protege a sus ciudadanos más jóvenes, sino que los forma como sujetos de derechos, capaces de construir, desde la niñez, la sociedad participativa a la que aspiramos.
