El reto que nos deja la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, radica en lograr la funcionalidad de las comisiones de Soberanía Alimentaria y que sus acuerdos puedan medirse a través del impacto en la población, sostuvo Risleydis González Díaz, integrante del Buró Provincial del Partido.
La intención de este ejercicio consistió en evaluar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el sector de la producción agropecuaria.
Para ello, se realizaron inspecciones a los Consejos de Administración de San Antonio de los Baños, San Cristóbal y Artemisa, así como auditorías a la Empresa Agropecuaria de San Antonio, a la Agroindustrial de Granos José Martí y a la de Suministros Agropecuarios de Artemisa (Gelma), en las que intervinieron 34 auditores, dos expertos, 22 estudiantes y los 10 miembros del puesto de mando.
Evaluaron principalmente el funcionamiento de los sistemas alimentarios locales, el perfeccionamiento de la Empresa Estatal Socialista como actor fundamental y el cumplimiento de las políticas y procesos aprobados para alcanzar la soberanía alimentaria.
También revisaron el cumplimiento de las funciones de la comisión municipal correspondiente y de las normativas aprobadas para el control del combustible.
El escrutinio se desarrolló en correspondencia con lo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) y demás normas aplicables en el sector agropecuario, a partir del sistema de control interno, los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el Partido para el período 2021-2026 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Detectaron daños económicos superiores a los 300 millones de pesos, sobre todo en Gelma, con 214, y perjuicios por más de 340 millones (306 en Gelma).
Los evaluadores calificaron como deficiente el sistema de control interno en la empresa artemiseña y en la agropecuaria ariguanabense, y aceptable en la José Martí, e igual sucedió con el análisis en torno al combustible.
Entre las causas sobresalen el deficiente proceso de organización y control en el funcionamiento de la comisión para la implementación de la Ley SSAN y la inobservancia de las disposiciones jurídicas vigentes en materia de registro oportuno, conciliación, contratación y control interno.
Asimismo, destacan las insuficientes gestiones de cobros realizadas, la ausencia de procedimientos contables y desactualización de los existentes, el no empleo del Plan de Prevención de Riesgos como instrumento de trabajo y la falta de conciliación de las asignaciones del combustible físico que recibe la Administración del gobierno provincial, así como con las formas productivas.
Entre las recomendaciones se instó, además, a fortalecer la producción local de alimentos con el incremento de las minindustrias, y a exigir la elaboración del plan con la participación de los trabajadores.
Aunque los números apunten a cumplir, el autoabastecimiento verdadero será cuando el punto de venta tenga los precios acordados, a tono con los de compra al productor, señaló Ricardo Concepción Rodríguez, el Gobernador.
Darlam Dalmau Palomino, vicecontralor general, insistió en que la efectividad del plan de medidas la determinará la percepción del pueblo, para que el per cápita logrado existe realmente y su precio no refleje impunidad.
Participaron en las conclusiones del ejercicio Jorge Zubizarreta Hernández, contralor jefe provincial de Artemisa; Rolando Pimentel Otaño, presidente de la Asociación Nacional de Economistas en el territorio; Yanlis Rodríguez Veiguela, vicerrectora primera de la Universidad de Artemisa, así como intendentes, auditores y estudiantes de Economía.
