Un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes del estado estadounidense de Misisipi contempla la creación del Programa de Cazadores de Recompensas Certificados, lo que permitiría que particulares reciban pagos en metálico por «cazar» a inmigrantes indocumentados, recoge este viernes el portal Clarion Ledger, que cita un comunicado del fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton.
La iniciativa fue elevada a la cámara baja estatal por el representante Justin Keen, quien, como Barton, sostiene que se inscribe dentro de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
«Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Misisipi», detalló Keen en el comunicado. En su decir, ha visto «de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan» al territorio estadounidense.
«La administración del presidente Trump ha dejado en claro que deportar a los inmigrantes ilegales es una prioridad, y estamos orgullosos de hacer nuestra parte aquí en Misisipi para ayudar a apoyar su agenda y proteger a nuestros ciudadanos», alegó.
Mientras, Barton defendió la propuesta de Keen argumentando que se trata de «un paso vital para ayudar» a las agencias del Gobierno «a aplicar mejor las leyes de inmigración y garantizar que quienes» residen en EE.UU. «de manera ilegal, sean enviados de regreso a su país de origen».
«Cuando el presidente Trump asumió el cargo esta semana, reconoció de inmediato la emergencia en nuestras fronteras y emitió órdenes ejecutivas para combatir la inmigración ilegal y los cárteles. Esta legislación se basa en ello y empodera a los líderes y comunidades locales para que apoyen los esfuerzos federales para proteger a nuestros ciudadanos. La inmigración legal es una piedra angular de EE.UU. y debemos asegurarnos de que nuestras fronteras sean seguras y que la seguridad de los habitantes de Misisipi sea lo primero», completó.
¿Qué contempla el proyecto?
De acuerdo con sus proponentes, el proyecto, que aún debe ser debatido en el Congreso de Misisipi, «ofrecería una recompensa de 1.000 dólares a los cazarrecompensas registrados por cada deportación exitosa que ayuden a facilitar». Según se explicó, los fondos procederían de la asamblea general y estarían bajo la administración del tesorero de la entidad a partir del venidero 1 de julio.
Asimismo, en el texto se tipifica como delito grave la invasión de propiedad privada, si esta es cometida por un inmigrante sin documentos. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena de «cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, libertad bajo palabra, libertad condicional o excarcelación, excepto por decisión del gobernador o por muerte natural de dicha persona».
La sanción podría suspenderse si las autoridades federales toman en custodia al condenado y lo deportan en un lapso de 24 horas. En todos los casos, se estipula que la persona detenida bajo cargos de invasión de propiedad privada suministre una muestra de ADN.
Cierre de fronteras y deportaciones masivas
De conformidad con lo anunciado durante su campaña, al asumir el cargo, Trump firmó varios órdenes ejecutivas sobre temas migratorios. Los cambios incluyeron el envío de tropas a la frontera con México y la deportación paulatina de «millones de extranjeros» –a los que tachó de «criminales»–, así como la eliminación de programas migratorios como el ‘parole’ humanitario, que se gestionaba a través de la aplicación CBP One.
Adicionalmente, el pasado martes autorizó las redadas en albergues, iglesias y escuelas, aunque históricamente esos espacios eran considerados santuarios para los inmigrantes. El objetivo, según se dijo, es «poner fin a la invasión de la frontera sur de los EE.UU. y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses».
Del mismo modo, pretendió poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque esa decisión fue bloqueada temporalmente en la víspera por una corte de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington.
«Esta es una orden flagrantemente inconstitucional«, sostuvo el juez federal de distrito John Coughenour, tras emitir una «restricción temporal» que impide que esa disposición entre en vigor a nivel nacional durante al menos 14 días.
