Sería incoherente hablar de protección al consumidor en Cuba, sin antes reconocer la voluntad del Estado de velar por los derechos de los ciudadanos en este ámbito, vinculado sobre todo al comercio interior.
Lo dicho encuentra sentido, más recientemente, en la aprobación en 2018 de la Resolución No. 54 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) que establece los derechos y deberes de los consumidores, así como las obligaciones específicas de los proveedores de productos y servicios.
De la fecha a nuestros días, pueden ilustrarse cambios significativos y buenas prácticas a lo largo y ancho del país, no lo dudo; sin embargo, mientras unos se empeñan en cumplir a cabalidad la normativa, otros se las ingenian para que esta no sea otra cosa que letra muerta.
Mucho antes de advertirse la crisis económica de las tiempos actuales, ya era común encontrar entre la población quejas recurrentes asociadas a la escasez de productos básicos en la red de establecimientos comerciales, los altos precios, la poca atención al cliente, la mala calidad en el servicio o la falta de respuestas adecuadas frente a reclamaciones elementales.
Cierto. Mucho de esto viene asociado a las restricciones financieras que se agravan con la imposición a nuestro país de sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos; pero, otra buena parte de estas problemáticas pueden abordarse desde la gestión interna.
Así, entre deudas y limitaciones llegó la bancarización y puso límites en el tiempo para instaurar en todos los comercios el pago por canales electrónicos, también como un derecho de los consumidores en la era de las tecnologías y que justamente encuentran respaldo legal en la Resolución 93/2023 del Mincin.
Sepa usted que según comentó a Granma, Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin, antes de la aprobación de la normativa, el 58 por ciento de las entidades no poseían ninguna pasarela de pago, por ende fueron advertidos unos 11 000 actores económicos por su morosidad.
La directiva avizoró además sobre el ejercicio de control en todo el país para chequear la implementación de la normativa y mencionó que Artemisa figura entre las provincias que realizaron más acciones de control. Lo que no dejó claro fue si de estas acciones afloraron más buenas que malas prácticas.
Lo cierto es que los derechos artemiseños, en este ámbito del comercio interior, más que una vez en cada jornada, son violentados por códigos Qr “defectuosos”, personal poco calificado detrás de un mostrador y otras excusas.
Una amiga me contó recientemente que en uno de los negocios ubicados en la cabecera provincial dedicados a la venta al por mayor, le vetaron el derecho a pagar por transferencia porque la cuenta fiscal de este cuentapropista estaba a tope. Imagino que a tope de todo lo transparente que podía ser frente al fisco.
Seguimos y vemos que además en los puntos de venta o mercados agropecuarios, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura persisten las resistencias. Y acaso ¿no entran en ese universo los lugares donde mayormente nos detenemos luego de terminar la jornada laboral, de camino a casa? ¿No son las cafeterías y comercios particulares dónde compramos desayunos y meriendas?
Entretanto, las entidades responsables aplican multas, retiran autorizos comerciales, velan por la contratación y activación de los códigos Qr… En la otra cara, parte de la población (en su mayoría con una tarjeta magnética para salario) engrosa la filas de bancos y cajeros automáticos para acceder a una suma de efectivo “que siempre hay que llevar encima” cuando las cosas no marchan como está escrito en la ley.
Tanto en otro tiempo, como en la actualidad, los procesos en torno a la garantía de la protección de los consumidores han buscado avanzar por las vías correctas hacia la satisfacción colectiva. Pero, el éxito no solo está en la imposición o el cumplimiento de la norma. Queda camino por andar sobre todo en los terrenos de la instrucción y la educación legal. El conocimiento es poderoso, especialmente cuando se trata de protegernos, tomar decisiones y abogar por nosotros mismos. La protección también tiene bastante de eso.
