Abierto a lo nuevo, creativo, con el humor a flor de labios y la solidaridad siempre al alcance, así es el cubano. Por eso el Código de las Familias no le resulta extraño ni desafiante en lo absoluto, aun cuando incluya varias novedades y hasta asuntos polémicos.
El pueblo educado en seis décadas de Revolución entiende que el texto es fruto de investigaciones, de estudios demográficos e indagaciones jurídicas, que se nutre de la sociología para conocer la sociedad y contiene el saber de numerosos expertos.
Las fuentes de información para redactarlo comprenden hasta los conflictos familiares atendidos por psicólogos y psiquiatras en sus consultas; nada de burócratas o liberales imponiendo fantasías legales, sino un compendio armónico de cuanto sucede en este país de todos, para convertirlo en ley.
De hecho, la consulta popular hace de este un nuevo ejercicio democrático. Cada quien emite sus criterios y propone adicionar, modificar o eliminar lo que considere. Pero estimo habrá amplio reconocimiento a sus ventajas.
El Código actualiza instituciones jurídico-familiares como el parentesco, recoge la valoración económica del trabajo en el hogar, la filiación cualquiera sea su origen, las relaciones parentales y la guarda y protección (tanto de menores y adultos mayores como de personas con discapacidad), no solo lo relacionado con el matrimonio y la unión de hecho.
Resulta más certero al incluir una atención integral a la familia, no solo la relación material y la obligación de dar alimento.
Se sumerge en otros dramas afectivos (como el de abuelos a quienes no les permiten ver a sus nietos), y defiende la comunicación de todo el grupo familiar, más allá de madre y padre con sus hijos.
También introduce que la violencia intrafamiliar repercuta en el derecho de sucesión: un hermano puede promover un proceso ante los tribunales a otro que haya abandonado en el orden afectivo a su padre; si demuestra despojo emocional o que no había un vínculo afectivo, se le puede privar del derecho a la herencia.
Además, prevé la exclusión de la obligación de dar alimento, pues si el obligado a proveerlos no cumplió, después no puede pretender que la cumplan con él.
De modo que el Código no pretende crear nuevas familias, ni se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino de resolver diversos problemas existentes.
Por tal razón, la consulta popular concibe hasta el 30 de abril 3 790 puntos de reunión en las 672 circunscripciones del territorio, e involucra a más de 700 juristas que fungirán como consultores, a fin de escuchar y esclarecer cualquier duda. Son jornadas para enriquecer el texto y la democracia, con la lucidez y la visión de los cubanos.
