¡Sobre los que dañaron la propiedad social y agredieron a sus semejantes, que caiga todo el peso de la ley!, comentaba hace varias jornadas en Facebook una internauta, de los tantos que hemos rechazado la violencia, venga de donde venga, por su alto costo humano.
Pocos quedaron indiferentes a la noticia de que un grupo de vándalos en Cárdenas, Matanzas, arremetieron contra el hospital pediátrico de la localidad, donde atienden a niños enfermos de la COVID-19, cuyos padres debieron protegerlos de la furia irracional.
Un hecho de esta magnitud y otros excesos graves están tipificados como delito en el Código Penal, explica Niurka Tabares Valdés, fiscal de la Secretaría del Fiscal Jefe Provincial.
En Artemisa también ocurrieron serias violaciones de lo legislado, como el desorden público, contenido en el artículo 201, “y en este caso responden ante la ley quienes promovieron y alentaron a este, arrebataron banderas y pretendieron crear zozobra y malestar en la población.
“Hay quien participó por desconocimiento o mala orientación, pero al constatar la violencia se retiró”, aclaró Tabares Valdés.
“A quienes instaron y agredieron a ciudadanos y agentes del orden, causaron lesiones u obstaculizaron el ejercicio de sus funciones, se les puede imputar el delito de atentado (artículo 142). Lo anterior se agrava al emplear piedras, palos o armas blancas.
“Asimismo, el saqueo de la tienda en MLC de Güira de Melena bien pudiera responder a un delito de robo con fuerza en las cosas, con un marco sancionador elevado, sobre todo si los comisores han sido sancionados antes por esa conducta”.
La fiscal provincial comentó, además, acerca de un hecho lamentable en el municipio cabecera contra la Casa de Cambio (CADECA), que puso en riesgo la integridad física de sus vecinos, de quien custodiaba la instalación y los servicios que allí prestan, como el pago a jubilados.
Para quienes sostienen el carácter pacífico de las manifestaciones del 11 de julio, al menos en Artemisa esa no fue la regla. La postura de muchos manifestantes podría ajustarse a delitos de estrago y sabotaje, alentados y pagados desde el exterior para burlar las normas jurídicas y la tranquilidad ciudadana que siempre nos ha caracterizado.
“En ambos están en peligro bienes jurídicos esenciales: en el estrago, la seguridad colectiva; en el sabotaje, la del Estado, pues amenazan de manera intencional objetivos sociales, económicos y de servicios… y para colmo: la vida”.
¿Cree usted que personas de bien secundarían esta actitud? Los datos revelan por sí solos que “más del 90 por ciento de quienes hoy son procesados no poseen vínculo laboral en ninguno de los sectores de la economía”.
Esto jamás los privará de todos los derechos y garantías que poseen los acusados, por los cuales vela la Fiscalía, refirió Tabares Valdés.
“Todos tendrán derecho a una defensa letrada y serán juzgados por los tribunales. Se les garantizará comunicación con la familia, integridad física, psíquica y otros principios ajustados a Cuba, un Estado Socialista de Derecho”.
Del mismo modo, reafirmó la severidad que podemos esperar de nuestra justicia frente a quienes intentaron desestabilizar el país y crear un precedente de caos e ingobernabilidad, acompañado de imágenes y acciones que nunca deberían repetirse.
