Piscinas fuera de la ley

Si usted desea refrescar de las altas temperaturas, existen varias opciones. Sin embargo, la construcción de una piscina en su hogar no resulta aconsejable. Más allá de las cifras reales, en el primer levantamiento realizado por la Dirección de Inspección Integral se detectaron unas 140 piscinas en la provincia; número que debe ser superior.

De esa forma, sus propietarios ignoran la resolución 11 de 2006 del Instituto Nacional de la Vivienda, la cual establece en su resuelvo XVI: no otorgar licencias de construcción para piscinas, entre otras obras; sostiene Jorge Barrios, director provincial de Planificación Física.

Lo anterior fue ratificado por el Decreto Ley 322 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que en la resolución complementaria 54 de 2014, artículo 44, prohibe la entrega de licencias o autorizaciones de obra destinados a ese fin.

Yanet Trápaga, especialista principal de la Vivienda y la Construcción de la Dirección Municipal de Inspección de Artemisa, afirma que muchas personas las declaran como caja de agua o cisterna, “por lo cual deben taparlas. Aquí se concentran en Reparto Nuevo, Centro y La Matilde”.

Ahora se encuentran en el proceso de actualización de la lista de piscinas existentes en la provincia, las que provocan un impacto negativo en el abastecimiento de agua potable, según Pedro Martínez, director de Inspección del Consejo de Administración Provincial.

“Tanto aquellas que se alimentan de afluentes naturales como de fuentes de abasto deben ser demolidas, pues la ley establece regresar el lugar a su estado original”.

Pero ha faltado sistematicidad en hacer cumplir la ley (tapiarlas o demolerlas), y las multas no surten el efecto deseado, reconocen las autoridades implicadas en el asunto.

“No hemos logrado detener el ritmo de construcción de estas instalaciones; sin embargo, trabajamos en la adopción de medidas y en la actualización de los listados. Los grupos de enfrentamiento municipales, a partir de las decisiones de los consejos de la Administración, y amparados en el Decreto Ley 301 de 2012, autorizarán a las Unidades Básicas de Mantenimiento Constructivo a llevar a cabo las demoliciones. “El infractor cubrirá los gastos” , agregó Barrios.

A juicio del jefe de Inspección, “solo el cambio de mentalidad y la integración de todos los factores logrará eliminar tales ilegalidades”.

Y aunque las denuncias de la población alertan sobre su presencia de forma ilegal en la comunidad, donde muchos vecinos viven con carencia de agua para las necesidades vitales, el orden y la disciplina han de predominar de alguna manera. Ni primeras ni segundas multas son suficientes. La obligación de hacer requiere de seguimiento constante; de lo contrario, la impunidad puede multiplicar esos “reservorios de agua” al aire libre.