Una interrogante en el sistema empresarial cubano y en el sector de las formas no estatales de producción alude a los beneficios que se obtienen de la exportación de sus productos y servicios. Felizmente, y a tono con la nueva estrategia económica y social, la respuesta es afirmativa.
A las empresas estatales que comercializan en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), se les incrementó el incentivo de quedarse con el 50% del ingreso en Moneda Libremente Convertible, ahora al 80%, lo cual ha permitido a varias importar directamente sus insumos con esa Capacidad Líquida (CL) en una cuenta en el Banco Central de Cuba.
Con tal de incentivar las producciones exportables y el encadenamiento productivo en función de la exportación de bienes y servicios, el Ministerio de Finanzas y Precios aprobó la Resolución 222/2020, la cual concede un grupo de beneficios fiscales para los actores de la economía, productores de bienes y servicios estatales o no.
Pero la norma les exige incrementar la producción y venta con destino a exportar, sobre la del año anterior, y reducir o no deteriorar el coeficiente de importación de los productos exportados, respecto al calendario precedente.
En el caso de las empresas estatales ciento por ciento cubanas o mixtas, la bonificación será progresiva entre diez y 40%, de acuerdo con el crecimiento de las ventas. Para las cooperativas se moverá entre cinco y 20%.
A los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y otras personas naturales corresponderá una tasa impositiva entre cinco y 15%. De modo que constituye realmente un incentivo a su gestión.
La 222 de 2020 prevé que la empresa puede incorporar la bonificación al monto formado para la distribución de utilidades a los trabajadores, y así no solo se beneficia esta, sino también sus empleados.
Si la empresa inicia operaciones mercantiles, se le aplicará una bonificación del 10% a la liquidación del impuesto sobre Utilidades, en el año que comiencen su ejercicio fiscal. A los TCP o las Cooperativas no Agropecuarias (CNA) se les bonificaría con el 5% sobre el impuesto a pagar.
Estamos en presencia de una norma jurídica que pretende motivar al empresariado nacional y que los emprendedores desde las formas no estatales de producción amplíen su horizonte y comiencen a ver, en la exportación de bienes y servicios o en su negociación dentro de la ZDEM, no solo una necesidad para el país, sino un incentivo para abrirse a nuevas oportunidades de negocios.
Esta medida clama por empresarios y emprendedores capaces de tomar decisiones atinadas, de asumir la organización o entidad que integran como suya, para hacerla crecer junto a la economía del país. La norma sola no resolverá el problema, pero es un primer paso.
