Ponerle el cascabel a la cola

En ediciones anteriores de el artemiseño, un equipo de reporteros investigó cómo marchaba la operación de lucha contra coleros, revendedores, acaparadores y traficantes de divisas. Apenas comenzaba la contienda y ya la provincia mostraba algunos resultados.

Hace unos días, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) analizó el comportamiento de la actividad, a fin de erradicar un mal que agobia al pueblo. Si bien el desabastecimiento pende con frecuencia sobre Cuba, los coleros constituyen una epidemia para la economía familiar, pero no es imposible ponerle el cascabel a la cola.

Lucha contra coleros: misión posible

El teniente coronel Tomás Alfonso Valdés, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en el territorio, precisó que “por lo general, se aprecia un ambiente favorable. Han aumentado las denuncias populares, así como el respaldo a las acciones del Ministerio del Interior. Se observa un repliegue de revendedores y acaparadores, y se han detectado cambios en su proceder.

“Desde el 3 de agosto hemos actuado sobre más de 6 200 ciudadanos, 405 ya procesados y 184 identificados como coleros. Los municipios con mayor índice han sido Artemisa, con 37; San Cristóbal, con 24 y Alquízar, con 22.

“Aun así, predominan las medidas preventivas, a partir de las características de las personas identificadas: el 77% fue advertido, al 19% le hicimos labor de profilaxis, al 2% lo multamos y solo el 3% resultó procesado.

“Aplicamos 18 005 multas contravencionales, 6 124 más que el año anterior. Hasta el momento hemos cobrado 11 191 y recaudado más de dos millones de pesos por este concepto.

“La comercialización ilícita por redes sociales en la provincia ha sido frenada, y ya trabajamos dos casos asociados a esta plataforma. Además, desarticulamos 44 puntos de venta, 18 casas almacén y tres fábricas ilegales, al tiempo que recuperamos más de 16 700 unidades o productos, entre ellos casi 900 jabones, paquetes de detergente y otros artículos de aseo”.

Regresar los productos al pueblo

Gladys Martínez Verdecia, presidenta del CDP, convocó a ser ágiles en la movilidad de los comisos en función de proteger a la ciudadanía. “Esos productos deben regresar a la población, razón vital por la cual se hace esta operación de lucha contra coleros: por el pueblo y para el pueblo”.

Alexis Gato, director de Comercio Estatal de la Administración Provincial, indicó que “los bienes decomisados están en los municipios, y ahí serán comercializados o entregados al consumo social en hospitales o centros de aislamiento”.

“En el Mercado Agropecuario Estatal de Artemisa hemos vendido productos agrícolas como frijoles, calabazas y aguacates, entre otros”, informó Juan Permuy Felipe, intendente en la cabecera provincial.

“El resto de los productos decomisados están en los almacenes de la Unidad Empresarial de Base de Comercio, para su posterior distribución mediante Almacenes Universales S.A, y los recursos de la construcción irán a la Tienda de Materiales correspondiente”, señaló.

Mientras, Frank Tejeda Hernández, presidente del Consejo de Defensa Municipal, comentó que “Mariel ya ha dispuesto recursos agrícolas en función del consumo social, algunos entregados al policlínico Orlando Santana y otros llevados a centros de aislamiento”.

De sanciones y medidas

“Siete de los nueve expedientes en los que trabajamos son del municipio cabecera, uno de San Cristóbal y otro de Bahía Honda”, señaló Yaisys Mesa, fiscal jefa de la provincia.

“En esos expedientes (en fase preparatoria), uno se trabaja con fiscalía militar, pues guarda relación con las cadenas de tiendas, aunque ya tenemos a disposición nuestra algunos implicados. Los delitos más comunes son actividad económica ilícita, receptación, atentado, tráfico de divisas y falsificación de moneda.

“Una buena parte de las imputadas son mujeres, la mayoría vinculadas a actividades laborales de trabajo por cuenta propia. Por tanto, se atienden en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en aras de incidir en su comportamiento y alertar a la organización de prestar más atención a las féminas.

“Como medida alternativa, aplicamos 24 tratamientos administrativos, el 66% fueron multas colegiadas con el Ministerio del Interior de entre 200 y 5 000 pesos”.

Madelín Perea Gordillo, presidenta del Tribunal Provincial, explicó que “desde marzo hasta la fecha, se han realizado 17 juicios y sancionado a 21 personas, 15 hombres y seis mujeres; contrario a los expedientes que prepara la Fiscalía, donde la mayoría de las causas son de mujeres. En cuanto a las edades, destaca el grupo entre 41 y 50 años.

“Trabajamos seis casos de actividad económica ilícita, cinco por acaparamiento, algunos que suman varios delitos y uno por desacato, en el cual se realizó un juicio público a un matrimonio que se comportó de manera irrespetuosa contra el delegado de la zona de López Peña.

“Hasta la primera quincena de agosto, la provincia cerró con seis penas de encierro: tres privativas de libertad y tres de trabajo correccional con internamiento; diez sanciones subsidiarias, nueve de trabajo correccional y una limitación de libertad, todas aparejadas con multas.

“La sanción nunca debe constituir una burla para la persona; de ahí que algunas sanciones accesorias han llevado a exigir el regreso a su lugar de origen a dos personas que vivían sin domicilio legal en Alquízar”.

Artemisa ha tenido una ardua labor en la lucha contra coleros, acaparadores y revendedores. Lo demuestra la cantidad de personas apercibidas y el trabajo desarrollado por la FMC para reorientar el camino de quienes cometían ilegalidades.

La escasez no puede ser pretexto de conductas inapropiadas; eso se traduce en menos productos para el pueblo a precios estatales y más dolores de cabeza a la economía familiar.

Es responsabilidad de todos desterrar estos males del territorio: toca producir más para tener mayor cantidad de alimentos… y no ser una pieza de las cadenas de reventas que achican el bolsillo de unos para ensanchar el de otros.